Debate por la reforma a la Ley de Educación Superior
En la educación la reforma a la ley 30 de 1992 no cayó muy bien ante los estudiantes universitarios quienes están formulando un proyecto de ley propio. Dicha propuesta presentada por JUAN MANUEL SANTOS dejo a los rectores de las universidades públicas y privadas sorprendidos y con una nube de preguntas.
El gobierno y las universidades en lo único que coinciden son en reformar la ley de la educación para poder ir a la vanguardia social, económica, tecnológica, demográfica y cultural; porque ya no son las mismas que hace 18 años cuando salió a flote esta ley.
Una de las grandes deficiencias es la cobertura del sector puesto que en el país hay más de 3.200.000 de jóvenes que no pueden acceder a una educación superior.
Hablando del sector universitario sus rectores no fueron consultados de dicha reforma, están analizando cada detalle y con reserva cada uno de los 164 artículos que constituyen la reforma.
En presidente de la Asociación Colombiana de Universidades José Fernando Isaza rescata un punto importante que es la internacionalización de los créditos educativos.
De todas maneras son más las inquietudes que existen sobre esta reforma que los puntos a favor en especial en el tema financiero y autonomía universitaria.
Los Recursos
Hace muchos años las Universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el reembolso del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para expandir la cobertura.
Según la propuesta del gobierno platea otorgar a las universidades publicas un 1 % adicional al IPC en el 2012, 2% en el 2013 y un 3% entre el 2014 y 2019. Sin embargo esto no será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen.
El dinero privado en la Universidad Publica
En la propuesta dice nuestro presidente que los “recursos públicos son limitados” y ante esa supuesta realidad, propone que el sector privado “ponga su grano de arena” incluso en la Universidad Pública para apoyar en la prestación y mejoramiento del servicio educativo, y el desarrollo de proyectos de investigación y productivos.
Lo que quiere decir es que los recursos ingresados por el sector privado no es para “comprar pupitres y tableros” sino para fortalecer la investigación en las universidades.
Universidades con ánimo de lucro
Este es otro de los puntos que ha generado polémica o inquietudes. Según los rectores la creación de esta nueva figura puede poner en peligro la calidad de la educación superior.
Según nuestra Ministra de Educación al aprobarse esta reforma, las empresas podría invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior. En conclusión la gran inquietud es el detrimento de la calidad de la educación
“lesiona la autonomía Universitaria”
La propuesta tiene un capítulo especial dedicado al aseguramiento de la calidad, la acreditación, y la evaluación de la educación superior.
Hay una lesión a la autonomía universitaria, porque sira peligroso darle poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte judicial.
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